El Congreso de Estados Unidos ya había aprobado el pasado 10 de diciembre las sanciones a los oficiales y Obama las había ratificado el 18 de diciembre, pero no ha sido sino hasta este lunes cuando la Casa Blanca identificó a los afectados.
Entre las medidas está el congelamiento de activos en EE.UU. y la prohibición de entrar al país. El comunicado reza: “La Casa Blanca está profundamente preocupada por esfuerzos del gobierno venezolano para aumentar la intimidación sobre adversarios políticos” y exigen la liberación de los políticos presos.
Según EE.UU. estos funcionarios habrían estado vinculados a actos de violación a los derechos humanos precisamente por detener en las protestas golpistas registradas en Venezuela entre febrero y mayo pasado el plan “La Salida” (en alusión a “la salida” de Nicolás Maduro de la presidencia), donde fallecieron 43 personas, la mayoría por disparos en la nuca y la cabeza.
Como respuesta a esas acciones vandálicas, se instaló el Comité de Víctimas de las Guarimbas, para exponer ante el mundo sus historias, en vista de que los medios de comunicación social las ocultan.
El portavoz de la Casa Blanca Josh Earnest declaró que los “funcionarios de Venezuela que ahora y antes han violado los derechos humanos de ciudadanos venezolanos y se han involucrado en actos de corrupción no serán bienvenidos acá, y ahora tenemos herramientas para bloquear sus activos y el uso que hacen del sistema financiero de Estados Unidos”.
Los funcionarios sancionados son el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central (REDI Central) Antonio Benavides Torres; el director de la policía política SEBIN Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional Justo Noguera Pietri y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton.
Los funcionarios sancionados son el Comandante de la Región Estratégica de Defensa Integral Central (REDI Central) Antonio Benavides Torres; el director de la policía política SEBIN Gustavo González López; el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana y ex comandante de la Guardia Nacional Justo Noguera Pietri y la fiscal 20 del Ministerio Público Katherine Haringhton.
La lista de sancionados la completan el director de la Policía Nacional Bolivariana Manuel Pérez Urdaneta, el comandante de la 31 brigada armada del Ejército Manuel Bernal Martínez y el Inspector General de las Fuerzas Armadas Miguel Vivas Landino.
La Casa Blanca responsabiliza a estos funcionarios de violar los derechos humanos al reprimir las protestas callejeras que dejaron 43 muertes el año pasado.
A la fiscal Haringhton le señala haber formulado cargos criminales a líderes de la oposición usando correos electrónicos fraudulentos.
Los dos países no intercambian embajadores desde 2010.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario